omo resultado de esta combinación, la ciudad de la luz ha vivido una transformación urbana en               las dos últimas décadas que a su paso ha dejado más sombras que luces para los barrios valencianos más populares. Dos décadas que coinciden tanto con la hegemonía absoluta del Partido Popular en el término municipal y autonómico del terreno valenciano, como con la entrada en vigor del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) firmado en 1988 y que asentó las bases de la normativa urbanística de la ciudad.

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Un PGOU marca las directrices urbanísticas y las dotaciones en equipamiento público para todo un municipio. El primer Plan General que guió el urbanismo valenciano se firmó en 1946 y de él, se han realizado tres revisiones más en 1966, 1988 y 2010 (esta última revisión todavía por aprobar),  de las que sin embargo, todos los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Valencia critican que sólo se ha cumplido con la parte más lucrativa de la normativa. “Aunque en los últimos años sí se ha invertido en infraestructuras para la ciudad, nos cuestionamos si esos equipamientos responden de verdad a las necesidades de las personas, los barrios y la ciudad”, explica Rosa Albert, concejala y portavoz suplente de Izquierda Unida (EUPV).

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De lo que se estipulaba en las previsiones del PGOU de 1988 para el aprovisionamiento de servicios básicos en los barrios sólo se ha cumplido aproximadamente con un 25 %. Al mismo tiempo, la previsión de viviendas nuevas se ha ejecutado en un porcentaje mucho más amplio, un 75 % que responde a las 40.000 viviendas nuevas que se construyeron entre 2008 y 2013.

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Según Vicent Sarrià, regidor de urbanismo del Partido Socialista (PSPV) en el Ayuntamiento, “todavía quedan 400 parcelas en manos privadas que en el último PGOU fueron grafiadas como suelo para equipamiento público y que aún están sin resolver”. Para el concejal, la prueba más evidente es la gran cantidad de solares vacíos que fueron calificados para la construcción de dotaciones públicas y que todavía siguen a la espera de tramitación.

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Así lo afirma también Francisco Torres, profesor titular de Sociología de la Universitat de València, quien asegura que la ciudad sigue funcionando “con lo que se hizo a mediados de la décadas de los 80 y 90, con solo pequeñas adecuaciones o mejoras”. Algo que los Presupuestos Generales del Ayuntamiento valenciano no niegan. En los últimos diez años la tendencia de la inversión pública en nuevas infraestructuras de sanidad y educación no ha dejado de disminuir. En el año 2003, la suma de las inversiones reales para la construcción de estas dotaciones en el área metropolitana de Valencia se situaba en 68 millones de euros, mientras que en el año 2014 sólo se dedicaron 29 millones de euros a estas partidas.

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“La prioridad de la ciudad ha sido un urbanismo a la carta, muy marcado por los grandes eventos y los  megaproyectos. El mastodonte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido la manifestación más clara y evidente, pero no la única”, sentencia Torres. El sociólogo explica que los gobiernos municipales y autonómicos de Valencia se han centrado en impulsar, por un lado, megaproyectoscomo la Zona de Actividades Logísticas(ZAL), la Marina Real Juan Carlos I o el nuevo estadio de Mestalla. Y por otro lado, grandes eventos como la visita del Papa Benedicto XVI (2006), la celebración de la 32ª edición de la America’s Cup (2007) o el Gran Premio de la Fórmula 1 (2008 y 2011).

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Actualmente, el consistorio asume un nivel de endeudamiento del 118 % y se sitúa en los 765 millones de euros, que Albert también atribuye a la política de los grandes eventos que una vez celebrados, “no dejan un equipamiento útil para la ciudad”. “Natzaret es un ejemplo de cómo se deja degradar un barrio bajo la excusa de un gran evento como la Fórmula 1”, añade la portavoz de EUPV. Una estrategia política que tanto la concejala como el sociólogo ven marcada por la improvisación y una falta de planificación a largo plazo. El Partido Popular valenciano, por su parte, no ha respondido tras varios intentos de hablar con sus concejales para que negaran o constataran así tales afirmaciones sobre las políticas públicas de los últimos años.

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