EL CABANYAL
Si existe un barrio en el que realmente se han relegado las necesidades de los ciudadanos, ese es el Cabanyal. De forma sintética, el Ayuntamiento puso en marcha en 1998 el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) cuyo objetivo fundamental es la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de derribar 1.651 viviendas del barrio.
l plan fue aprobado por la Generalitat en 2001 y con ello se inició una eterna batalla de David contra Goliat que dura hasta hoy. Tras acometerse parte de los derribos en 2010, el plan fue parcialmente frenado gracias a la fuerte oposición de los vecinos, recursos ante la justicia y pleitos entre las administraciones. El hecho más decisivo tuvo lugar ese mismo año, cuando una Orden Ministerial prohibió el PEPRI al considerar que atentaba contra un barrio protegido por ser Bien de Interés Cultural.
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Mientras, a unos metros del Cabanyal el consistorio valenciano planea recrear un poblado marítimo de 7.000 m2 en La Marina Real Rey Juan Carlos, el complejo construido en el puerto de Valencia para acoger la America’s Cup de Vela en 2007 y que el Ayuntamiento quiere reactivar tras años sin ninguna actividad. Este poblado marítimo, en fase de anteproyecto, pretende ser un centro comercial que consiga cubrir la deuda de 300 millones de euros del consorcio que lo gestiona (formado por gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento).
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Domenech cree que el gobierno municipal “ha seguido el manual del especulador: Cuando uno quiere un territorio, lo primero que hace es degradarlo y a partir de ahí, justificar cualquier proyecto”. Expertos, vecinos y políticos de la oposición coinciden en que se trata de una degradación inducida a través del bloqueo de licencias de obras para que ni los propios vecinos rehabiliten sus fachadas. Una estrategia que ha dividido al vecindario en dos: vecinos a los que no les afectan los derribos y optan por la ampliación, y vecinos a los que les afecte o no, quieren rehabilitación sin destrucción.
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Ahora, el gobierno valenciano espera que se resuelva el último recurso que presentaron ante la Audiencia Nacional e insisten en que el plan acabará ejecutándose. Pero para muchos, el elevado coste del plan (se necesitarían 180 millones de euros solo para expropiar las viviendas) pone de relieve lo contrario. “La señora Barberá ha perdido la batalla”, sentencia Joan Ribó, portavoz y concejal de Compromís.
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Algunos balcones exhiben pancartas a favor de rehabilitar el barrio sin derribarlo. S.BARBER
Los derribos del 2010 dejaron huecos entre las viviendas con los que conviven ahora los vecinos. S.BARBER
Donde antes habÃa una panaderÃa, ahora sólo quedan los azulejos. S.BARBER
Algunos balcones exhiben pancartas a favor de rehabilitar el barrio sin derribarlo. S.BARBER
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“Es una avenida planificada desde las alturas, con escuadra y cartabón, y sin pensar que aquí no solo se parte por la mitad un patrimonio histórico, cosa que ya es injustificable, sino que también es un patrimonio habitado”, asegura Maribel Domenech, portavoz de la organización Salvem el Cabanyal, nacido a raíz del plan PEPRI.